La negativa del gobierno federal a permitir que los familiares de los normalistas de Ayotzinapa desaparecidos inspeccionen cuarteles militares –después de que hace varias semanas había accedido a la petición– envía un “mal mensaje” a la sociedad, pues deja clara una actitud de cerrazón y de que el ejercicio de derechos ciudadanos depende del estado de ánimo de las autoridades, señalaron organizaciones sociales.
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