Adolfo Sánchez Rebolledo: Ciudad de México, nueva entidad

La aprobación de la reforma política del Distrito Federal, de aquí en adelante Ciudad de México, es, sin duda, un hecho histórico, aun cuando falta todavía un largo trecho para que el proceso concluya. De hecho, estamos en los prolegómenos de un cambio cuyas consecuencias se harán sentir en el conjunto del Estado, habida cuenta el papel que en la vida republicana ha desempeñado la capital federal. Sin embargo, retrasada por la mezquindad de algunos y la arrogancia de otros, la reforma aprobada por el Senado (que en cierto modo llega tarde) aparece desdibujada por la sombra de algunas definiciones que a fuer de no ser explicadas parecen meras incoherencias. Es el caso, por ejemplo, de la fórmula que se usará para elegir a la Asamblea Constituyente, tema de singular relevancia en el que, al parecer, ha privado el espíritu conservador sobre los probados afanes de una ciudadanía acostumbrada a la participación, al menos en comparación con otras entidades ajenas al centralismo derivado de la sempiterna capitalidad. La excelente crónica de Arturo Cano da cuenta de cómo la grilla, ese esfuerzo marginal de última hora, traduce los grandes postulados en compromisos entre las fuerzas que se disputan la hegemonía. Así, en lugar de que la Constituyente sea la más clara explícita voluntad popular, ésta se tamiza por el juego de intereses que en definitiva corresponde al Estado, más que al territorio de la futura entidad. En su reseña, Cano advierte: “El centro del debate es cómo serán los cambios y quién los definirá: porque la reforma ya aprobada establece que en septiembre de 2016 quedará instalada la Asamblea Constituyente de 100 integrantes, responsables de que a finales de enero de 2017 la Constitución de la ciudad de México esté lavada y planchada. La condición sine qua non del PRI fue una Constituyente a modo: 60 de sus miembros serán elegidos en una fecha no definida con base en listas cerradas de los partidos y los 40 restantes serán designados”.



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