En respuesta a la aplicación de la reforma energética, la cual propiciará que más de 2 mil 500 ejidos, comunidades indígenas y áreas naturales protegidas sean ocupadas total o parcialmente por Petróleos Mexicanos (Pemex) y trasnacionales, y los megaproyectos que ya llevan a cabo empresas de capital extranjero en el país, se tendrá que articular una “resistencia nacional para la defensa del territorio, los recursos, el agua y los derechos humanos de las comunidades”.
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