Carlos Fazio: La otra guerra sucia

En diciembre de 2006 el presidente Felipe Calderón anunció su estrategia de seguridad y ordenó a las fuerzas armadas combatir a la llamada delincuencia organizada. Con ello autorizó, en tiempos de paz, el uso de efectivos militares en tareas exclusivas de las fuerzas de seguridad pública, principalmente policiales. También militarizó a las policías. La utilización del Ejército, la Marina y las policías militarizadas en funciones de orden público no fue precedida de una declaratoria de estado de emergencia, única forma constitucional mediante la cual pueden limitarse ciertos derechos y libertades fundamentales. La “guerra” de Calderón no contempló límites al uso de la violencia legítima del Estado, y ello derivó en que unas fuerzas armadas entrenadas para el aniquilamiento del enemigo cometieran flagrantes violaciones a los derechos humanos, que en su inmensa mayoría no han sido investigadas y sancionadas y quedaron impunes. Fue hasta el último año de su mandato (2012) que el Presidente emitió protocolos para regular el actuar de los efectivos militares, que no satisficieron el principio de legalidad ni regularon de manera adecuada el uso de la fuerza.



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