Con los 17 muertos del penal de Cadereyta, ya suman, en dos años del actual gobierno de Nuevo León, 73 reclusos ultimados con violencia en las cárceles del estado: riñas entre grupos confinados, incapacidad de las autoridades para tomar medidas preventivas y matanzas cometidas por los cuerpos de seguridad bajo su responsabilidad.
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