Podemos augurar y celebrar el naufragio del dictamen aprobado en la Cámara de Diputados el pasado 30 de noviembre, para expedir la ley de seguridad interior. El dictamen construye un argumento que busca hacer parte a la llamada seguridad interior de la seguridad nacional, a fin de encauzarla en la facultad del Congreso para legislar en ese ámbito, sin lograr perfilar con claridad la distinción con la seguridad pública.
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