Todos los habitantes de este país podemos acudir ante un juez para defendernos en materia civil, mercantil, laboral y administrativa, entre otras, pero, en cambio, donde más sufrimos la injusticia, la impunidad y el delito, que es en asuntos penales, ahí el sistema jurídico y la Constitución nos niegan ese derecho y se lo otorgan al Ministerio Público, quien es el titular del “monopolio de la acción penal”, lo cual significa que esa institución es la única que puede acusar ante un tribunal a los presuntos responsables, salvo mínimas e inoperantes excepciones.
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