El retraso de ocho años en la expedición de la Ley General de Aguas, con el fin de reglamentar el derecho humano al líquido, ocasiona que al menos 9.1 millones de personas aún carezcan de él en sus viviendas, siga la contaminación y se mantenga el acaparamiento por un grupo de empresarios. Mientras no se emita esa legislación salen ganando los industriales, ya que continúa el esquema vigente de concesiones, señalan expertos.
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