La saturada agenda del Congreso de la Unión, que deberá desahogarse a partir del próximo primero de febrero, se presenta en un entorno excepcional: un Ejecutivo federal débil y muy cuestionado en su honestidad por razones conocidas, un clamor nacional que exige seguridad y alto a la impunidad, una crisis económica inesperada, motivada entre otros factores por la reducción del precio del petróleo que afectará el gasto público y un proceso electoral próximo.

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