Debido a que el órgano de control interno de la Secretaría de Educación Pública se declaró incompetente para auditar los fondos públicos de más de 17 millones de pesos que se entregan anualmente a la Universidad Obrera, trabajadores despedidos de la institución señalaron que “no se van a rendir” y continuar en otras instancias apelando a la aplicación de la ley y llevarán el caso a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal

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