El anuncio hecho por la Procuraduría General de la República (PGR) de que los restos óseos enviados a un laboratorio de Austria no son útiles para la identificación de los normalistas de Ayotzinapa, así como la autorización dada para que se les realicen nuevos estudios, ocurrieron sin avisar antes a los padres de los estudiantes desaparecidos ni pedir su aval, lo cual es una violación de los acuerdos entre el gobierno y los familiares de las víctimas, señaló el representante legal de éstos, Vidulfo Rosales.

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