En las audiencias públicas sobre la Ley General de Transparencia, organizaciones civiles, especialistas y órganos como el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, consideraron que las modificaciones propuestas a esa iniciativa por la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República “limitarían el acceso al derecho a la información, serían regresivas e irían contra la reforma constitucional en la materia”.

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