Las pretensiones de los actores gubernamentales luego de los sismos del 7 y el 19 de septiembre siguen siendo las mismas que hace 32 años: impedir la organización ciudadana, lograr ventajas políticas y beneficios económicos, mientras los afectados quieren principalmente que se haga justicia y recuperar patrimonios, señaló Margarita Favela Gavia, especialista del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la Universidad Nacional Autónoma de México.
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