La reforma laboral Calderón-Peña (noviembre-2012) constituyó la primera de su proyecto de “modernización”. Por sus objetivos, concepción y ausencia del debido debate social, frente a la magnitud, alcance e impactos de lo reformado, es una reforma excluyente. Con ella se perdió la naturaleza tutelar que el Estado garantizaba para normar la asimétrica relación entre quienes signan el contrato obrero-patronal. Sus impactos acontecen en el cuadro de sobrecargas de trabajo y abatimiento salarial, sin par, en el horizonte latinoamericano.
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