Hace algunos días, la compañía anglo-holandesa Shell adquirió la licitación sobre nueve de las 29 áreas situadas en el Golfo de México, que el gobierno puso en subasta –¿hay otra palabra para designar la operación?– en la Ronda 2.4 destinada a entregar concesiones para la explotación petrolera en aguas profundas. El consorcio constituido por Pemex y Chevron –ese hoyo negro infinito de la corrupción del sexenio actual– adquirió un área. Empresas energéticas de Qatar, España y Malasia se adjudicaron también otras franjas en las aguas del Golfo. Tan sólo en esta ronda, se subastaron en total 44 mil 178 kilómetros cuadrados. Algo así como 12 veces el territorio de Tlaxcala, el doble del que ocupa Tabasco, 60 por ciento del que corresponde a Guerrero. Gradualmente y a paso cada vez más solícito, la venta del Golfo de México a empresas extranjeras se ha desarrollado tal y como estaba prevista en la reforma energética impulsada por la administración de Enrique Peña Nieto. Sólo que una cosa es leer en el Diario Oficial la reformulación de una ley, y otra muy distinta es observar su materialización –en esta caso, abrumadora.
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