Originalmente, la Procuraduría General de la República (PGR) pretendía que hubiera cuando menos un agente de tiempo completo adentro del departamento de Elba Esther Gordillo en la colonia capitalina Polanco, habilitado como lugar de reclusión domiciliaria de la profesora, cuya edad y condiciones de salud fueron la base de las diligencias judiciales que impulsó hasta recibir ese beneficio constitucional. El objetivo policiaco era evitar que la ex dirigente sindical se fugara y, además, que hubiera control sobre visitas, comunicaciones y cualquier otra forma de interacción.
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