La puesta en marcha de la Ley de Seguridad Interior (LSI) coloca en riesgo los derechos de las mujeres, particularmente de las defensoras de garantías fundamentales. El Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC) solicitó un amparo en los juzgados de distrito de Ciudad de México por considerarla contraria a las obligaciones del Estado de proteger los derechos humanos.
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