Los altos índices de impunidad en México –generados tanto por la ineficiencia de las autoridades como por la estrategia de no investigar a las fuerzas de seguridad– hacen que las víctimas tengan un nulo acceso a la verdad y la justicia, lo cual sólo puede solucionarse con la creación de una fiscalía general de la República independiente y autónoma.
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