La reforma energética se ha concretizado en una serie de proyectos extractivos y de infraestructura –entre ellos 13 gasoductos– que han puesto en vilo a los pueblos originarios de diversas regiones del país. Es el caso de los habitantes de la Sierra hidalguense y la Sierra Norte de Puebla, comunidades tepehuas, nahuas, otomíes y totonacas de los municipios de Tenango de Doria y Huehuetla, en el estado de Hidalgo, así como de Honey, Pahuatán y Tlacuilitepec, en el estado de Puebla, quienes se han organizado para emprender un proceso colectivo de defensa del territorio frente a la amenaza que representan el gasoducto Tuxpan-Tula y la fractura hidráulica, así como los proyectos mineros y las hidroeléctricas que se incluyen en el paquete de inversiones impulsado por el gobierno.
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