El hecho de que la Ley de Austeridad Republicana prohíba a los altos funcionarios trabajar en la iniciativa privada por 10 años luego de dejar un cargo es una medida excesiva que no termina con el conflicto de interés y sí en cambio perjudica gravemente a los servidores públicos, señalaron especialistas en temas laborales y de transparencia.
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