La universidad pública y autónoma fue duramente golpeada por el régimen neoliberal. En 1990 atendía a 48 por ciento de la matrícula de educación superior; en 2017, sólo a 36 por ciento y ahora está a punto de ser rebasada por la privada (que creció de 19 a 34 por ciento en ese mismo periodo). Y además, se ve presionada por el gobierno a seguir manteniendo exámenes discriminatorios y excluyentes. Disminuida, la universidad pública autónoma tampoco es ya el referente fundamental de la futura educación superior; ahora son otras opciones las que pueblan el horizonte. A las pocas autónomas existentes (36), además, se les sometió a una especie de lobotomía neoliberal que desdibujó muchos de los rasgos de su pasada vitalidad y sentido social. Entre otros, el ser públicas, de amplio acceso, gratuitas, democráticas, críticas y atentas a las necesidades de la población. Portadoras de visiones e ideales civilizatorios como los de Rosario Ibarra de Piedra y Miguel León Portilla. Polos regionales de investigación difusión y servicio frente a la expresión local de los problemas nacionales. Ahora, en contraste, aumento en colegiaturas, exámenes de selección para admitir a “los mejores”, comercialización de las funciones universitarias (venta de diplomados, cursos, convenios con empresas, asesorías, servicios); una conducción centralizada en manos de grupos hegemónicos, con una inequitativa y chocante distribución de los dineros que impiden la participación de todos en la conducción democrática de la institución, propician tabuladores fragmentados institucional y nacionalmente, académicos acumuladores de puntos y decenas de miles de profesores temporales y de asignatura en la precariedad. Un ambiente nada educativo.
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