Nunca se había dado un proceso tan accidentado para designar a quien hubiera de presidir la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Durante tres décadas, esos nombramientos se negociaron tras bambalinas, siempre a conveniencia y por decisión del presidente de la República en turno, con una garantía no escrita de no ir más allá de lo que fuese permisible en las circunstancias pragmáticas que definieran Los Pinos y otros funcionarios públicos influyentes.
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