Luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) confirmó la constitucionalidad de la Ley Minera, pueblos indígenas y organizaciones de la sociedad civil lamentaron la decisión y señalaron que el fallo es un retroceso en la construcción de un Estado pluricultural y en la protección de los territorios, patrimonio y derechos humanos de las comunidades originarias.
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