A ocho meses de aprobada la reforma que obliga a los poderes judiciales de todas las entidades del país a hacer públicas sus sentencias, únicamente 11 han hecho los cambios necesarios a sus legislaciones locales, según un reporte de las Comisiones Unidas Jurídica, de Criterios y Resoluciones y de Gobierno Abierto y Transparencia Proactiva del Sistema Nacional de Transparencia (SNT).
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