El amparo concedido por un juez a la comunidad de Milpa Alta y otros pueblos y núcleos agrarios del sur de la Ciudad de México (CDMX) podría tener alcances históricos. En controversia con el gobierno de la capital, los pueblos originarios consiguieron el reconocimiento de su derecho a ser consultados sobre cualquier decisión o política pública que los afecte a ellos o a sus territorios legítimamente reconocidos en su condición de pueblos originarios, con apego a las garantías establecidas en la legislación internacional y nacional.
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