Durante los pasados 13 meses, mediante revisiones a la evolución patrimonial de funcionarios del gobierno que realiza la Secretaría de la Función Pública (SFP), se han detectado incrementos no aclarados por 59 investigados, que suman más de 333 millones de pesos. Seleccionados al azar por la dependencia, al ser interrogados sobre el desarrollo de sus recursos, no han podido justificar su origen lícito.
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