Aunque no es perfecta y carece de algunos aspectos importantes, la Ley General de Desaparición Forzada –aprobada el jueves en la Cámara de Diputados– representa un avance que permitirá a los familiares de las víctimas tener una herramienta legal fuerte, siempre y cuando el gobierno la dote de los recursos necesarios, indicaron activistas especializadas en el tema.
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