Pese a haber sido aprobada a mediados de octubre, la Ley General de Desaparición Forzada no ha sido promulgada y en el Presupuesto de Egresos 2018 no se asignaron recursos suficientes para hacerla funcionar, ‘‘lo cual deja ver la falta de voluntad política real de las autoridades para erradicar este crimen’’.
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