Las declaraciones del próximo subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, de que el gobierno entrante podría abrir procesos penales contra funcionarios que cometieron irregularidades en el caso Ayotzinapa, fueron bien recibidas por los familiares de los 43 normalistas desaparecidos en 2014.
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