Montado en la ola neoliberal de comienzos del siglo XXI, el “gobierno de los empresarios y para los empresarios” administrado por Vicente Fox lanzó en 2001 un millonario proyecto de “desarrollo” y “modernización” del sureste mexicano, que según la narrativa oficial transformaría de manera radical a toda la región. Con la zanahoria de fomentar el desarrollo del México pobre y con apoyo del aparato militar, el proyecto de intervencionismo estatal foxista subsidiaría, una vez más, a los grandes industriales del país y del exterior. La “misión” de Fox consistiría en acelerar la entrada en vigor de la segunda generación de reformas neoliberales y propiciaría el saqueo empresarial del campo mexicano iniciado tras las iniciativas salinistas de contrarreforma al artículo 27 constitucional y el fin del reparto agrario, que en 1992 estableció una nueva regulación de la tenencia de la tierra, en particular, del ejido. Ambas iniciativas fueron requisitos impuestos por Estados Unidos para que México pudiera entrar en el acuerdo de libre comercio de América del Norte.
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