La Procuraduría General de la República (PGR) comenzó a desahogar al menos 40 diligencias que habían sido omitidas en la investigación inicial del caso Tlatlaya, entre ellas el origen del contenido de un oficio en el que se ordena “el abatimiento de civiles en horas de oscuridad” y la revisión de los peritajes en materia de balística y criminalística de campo para identificar si existen –además de los militares que ya están sujetos a proceso– otros probables responsables en la muerte de 22 civiles en la comunidad de San Pedro Limón el 30 de junio de 2014.
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