Si todo resulta como el presidente electo lo ha anunciado, sus primeros actos de gobierno serán violatorios de los derechos de los pueblos indígenas, al menos del de la consulta previa, libre e informada y los territoriales, y si no se rectifica a tiempo, se podrían seguir violando otros derechos conexos, como los de desarrollo, el de identidad cultural –base fundamental de otros derechos– y de representación política. Eso se desprende del nombramiento, por el presidente electo, de quien será el responsable de las políticas públicas del próximo gobierno federal, el anuncio de la creación del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas y las primeras obras que se realizarán, entre ellas el tren maya y las zonas económicas exclusivas proyectadas en el gobierno que se va.
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