En enero de 2018 entró en vigencia la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, de Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. A partir de esa fecha, se tenían 180 días para armonizar esta normativa en las legislaciones locales. Eso significa que, desde hace dos años y ocho meses, el Congreso de Puebla debió haber producido un marco jurídico en materia de desaparición para la entidad.
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