En administraciones anteriores, los desplazamientos forzados de personas no eran reconocidos, por el contrario “eran ocultados”, lo que provocó que el fenómeno “fuera invisible y como consecuencia se violentaron derechos humanos de manera sistemática”, afirmó Rocío González Higuera, titular de la Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas (UPMRIP) de la Secretaría de Gobernación.
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