Por iniciativa del presidente Plutarco Elías Calles, el 31 de diciembre de 1925 entraron en vigor las leyes reglamentarias del artículo 27 constitucional, en materia de petróleo y subsuelo y de tierras y aguas. La “ley del petróleo” refrendaba el dominio directo, inalienable e imprescriptible de la nación sobre las riquezas del subsuelo y declaró a la industria petrolera “de utilidad pública”. Además, las nuevas leyes elevaban a rango constitucional la doctrina Calvo, según la cual, los extranjeros que formaran parte de una sociedad mexicana (de la que no podrían obtener más de 49 por ciento de las acciones o capital) que tuviera o adquiriera los bienes enumerados en el artículo 27, debían firmar un convenio con la Secretaría de Relaciones Exteriores por el que se obligaban a no invocar la protección de su gobierno en lo que a esos bienes se refiriera, so pena de perderlos en favor de la nación.
de La Jornada: Política https://ift.tt/3cjdpiq
No hay comentarios:
Publicar un comentario