En todo el país existen únicamente 60 abogados especialistas en dar asesoría jurídica a las víctimas de delitos y violaciones de derechos humanos, cuando esta cifra debería ser de al menos 830, lo cual provoca que los litigantes hagan su trabajo en condiciones de precariedad y saturación, advirtió Carlos Ríos, integrante de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).

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