El Ministerio Público Federal ha solicitado la colaboración de la Secretaría de la Función Pública y la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), para investigar la evolución patrimonial de los funcionarios que firmaron desde 2010 a 2015 cuatro contratos con la empresa Odebrecht.
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