La situación de la libertad de expresión ha sido crítica y difícil durante los últimos años en el país. La represión y censura por parte del gobierno federal y los gobiernos locales se han vuelto constantes y evidentes, pero sobre todo impunes. Basta con mencionar los casos de Miroslava Breach y Javier Valdez, corresponsales de La Jornada, para evidenciar la criminalización y persecución de periodistas, así como la ineficiencia de las autoridades para hacer justicia. Por ello una de las tantas exigencias de la sociedad civil organizada por la libertad de expresión ha sido la de abrir espacios para la discusión e intercambio de ideas y opiniones, con las garantías de respeto, seguridad y voluntad política para revertir esa situación de crisis. Dicha exigencia se vio reflejada en la reforma de telecomunicaciones, con la que se buscó romper con el duopolio televisivo y pluralizar los espacios de comunicación.
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