A principios de 2007, Felipe Calderón, el presidente que nunca convenció de que había ganado efectivamente los comicios del año anterior, emprendió una cruzada contra las organizaciones del crimen organizado. Las tropas del Ejército fueron enviadas a los más disímbolos rincones del país para combatir a los cárteles que proliferaban desde tiempo atrás. En la retórica de Los Pinos, la estrategia recibió el nombre de “guerra contra el narcotráfico”. Seis años después, los resultados eran desoladores. Decenas de miles de muertos, más de 25 mil desaparecidos, poblaciones y regiones enteras devastadas. Una guerra fallida en la mayor parte de sus frentes. Pero no sólo eso. En 2012, la intensidad que había cobrado la violencia no sólo no había disminuido, sino que se había acrecentado. La acción del Ejército devino una aporía, y trajo consigo las consecuencias políticas de una cruzada que se antojaba cada vez más a una guerra civil –o, mejor dicho, incivil: cancelación de las garantías individuales en vastas zonas del país; huida de poblaciones hacia las ciudades o, en su extremo, en dirección de la frontera norte; prácticas de guerra ejercidas sobre miles y miles de civiles. En suma: un estado de excepción que se prolongó a lo largo de todo el sexenio.
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