El largo litigio que involucra a la organización Fundar, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) para dar a conocer detalles de todas las cancelaciones y condonaciones fiscales otorgadas a grandes consorcios entre 2007 y 2015 como lo instruyó el Inai se ha tornado más complejo y enfrenta objeciones empresariales. La Suprema Corte de Justicia de la Nación analiza ya un expediente de inejecución de sentencia ante un amparo de Fundar, porque no se le ha entregado esos datos.
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