Hace un año terminamos la construcción de la Constitución de la Ciudad de México, la primera Carta Magna de los capitalinos incluye 71 artículos generales, reconoce los más emergentes derechos humanos y mandata la creación de una nueva arquitectura institucional para hacer exigibles los derechos, renovar la organización política de los poderes y de las alcaldías, ampliar la participación ciudadana en todas las esferas gubernamentales y transformar el sistema de justicia. Una Constitución que fue producto del diálogo y la deliberación con base en argumentaciones sustantivas, ejercicio inédito en un país donde la práctica de los congresos locales, y del federal, es la imposición de leyes por parte de las fracciones mayoritarias. Formalmente, esa Constitución no entrará en vigor sino hasta el 17 de septiembre del presente año, pero acciones de gobierno y de la actual Asamblea Legislativa del Distrito Federal han impulsado leyes secundarias y acuerdos que contradicen aspectos relevantes del texto logrado con tantas dificultades en enero del año pasado.
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