Fueron tres los planteamientos centrales de la peculiar movilización que protagonizó Javier Corral Jurado, gobernador de Chihuahua: en primer lugar, la denuncia y el rechazo a los tradicionales mecanismos de control político que ejerce el poder centralista respecto a las entidades federativas (con la consecuencia específica de haber retenido más de 900 millones de pesos a las arcas del estado norteño); en segundo lugar, la exigencia de que sea extraditado y castigado, conforme a criterios de estricta justicia, el ex gobernador priísta César Duarte, quien saqueó sistemáticamente las finanzas chihuahuenses; y, por último, pero no menos importante que los otros dos puntos, la difusión y la demanda de castigo ejemplar del entretejido delictivo que llevó a la secretaría federal de Hacienda (con Luis Videgaray al frente, entonces; hechos que luego debería haber conocido el sucesor, José Antonio Meade) a triangulaciones para entregar dinero público a campañas electorales priístas (con Manlio Fabio Beltrones como presidente del comité nacional tricolor y presunto cómplice de las maniobras, y uno de sus hombres de confianza en asuntos de dinero, el empresario coahuilense Alejandro Gutiérrez, apresado y convertido en una especie de rehén en disputa).
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