Un año después de la entrada en vigor del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), se requiere reformar dicho esquema para que el Comité de Participación Ciudadana (CPC) –que teóricamente lo preside– tenga más herramientas y facultades, además de garantizar que todas las entidades se comprometan a la formación de sus sistemas locales, tarea que se ha visto bloqueada por falta de voluntad política.
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