Las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) que buscan generar las condiciones para garantizar la seguridad de los defensores de garantías fundamentales en el país, no son atendidas por los gobiernos de las entidades federativas. Esto pese a que se trata de uno de los sectores con mayor riesgo y vulnerabilidad, ya que de 2006 a la fecha suman 36 activistas asesinados en México.
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