A partir de una denuncia del Instituto Nacional Electoral (INE) ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), la Procuraduría General de la República (PGR), en coordinación con la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y la Policía Cibernética, lograron suprimir una base de datos que comercializaba la información proveniente del Listado Nominal de Electores 2015.
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