No cabe duda que el próximo gobierno recibirá al país convertido en un auténtico campo minado, en todos los órdenes, pero me referiré sólo a dos casos cuyos aniversarios están en la mesa. Precisamente hoy hace 50 años se perpetró la masacre estudiantil cuyo no olvido ha sido insuficiente para alcanzar la justicia. En el sexenio que en 2000 se festejó, fallidamente, como el gobierno del cambio, el entonces presidente Vicente Fox creó la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp), cuyo trabajo privilegió la investigación sobre lo que definió como genocidio practicado en 1968 y responsabilizó de ello, de manera central, al ex presidente Luis Echeverría. El Comité 68, con Raúl Álvarez Garín (†) a la cabeza, se involucró en la tarea de aportar evidencias al titular de la ex fiscalía Ignacio Carrillo Prieto. No es posible reconstruir en este espacio los avatares jurídicos y políticos de esta búsqueda contra la impunidad. La síntesis de la misma la podemos encontrar en los 10 volúmenes que publicó el comité bajo el título Los procesos de México 68, ahí encontraremos la indispensable base para la reapertura de la investigación que demanda el Comité 68 y en la valiente declaración del ex fiscal Carrillo que reveló a la revista Proceso lo que supimos en aquel momento en el acompañamiento al comité: la decisión de Fox y el Ejército, creo en el orden inverso, para detener esa lucha por la justicia. Ojo que ahí están presentes lecciones clave. En aquel momento hubo quienes pretendían una comisión de la verdad y finalmente se optó por la fiscalía para garantizar, se suponía, sus efectos vinculantes.
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