Perdonar a quienes han cometido actos de corrupción, de los cuales pueden haberse derivado violaciones de derechos humanos, es un acto contrario a las leyes internacionales y a la razón de ser de un estado democrático de derecho, cuya obligación es perseguir todos los delitos, dando las garantías procesales necesarias, afirmó Edison Lanza, relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
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