La Secretaría de la Función Pública será protagonista central en el nuevo gobierno. Se restructurará sustancialmente, partiendo de la compactación de tres subsecretarías para reducirlas a dos: la Subsecretaría de Combate a la Corrupción, Control y Fiscalizacion Gubernamental, y la de Combate a la Impunidad, Responsabilidades y Profesionalización del Servicio Público. De la Subsecretaría de Combate a la Corrupción dependerán las unidades de Control y Auditoría Gubernamental; la de Evaluación y Auditoría del Desempeño, y la de Auditoría y Obra Pública, así como la Dirección General de Auditoría de Cumplimiento y Financiera.
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