Los penales federales que fueron privatizados en 2010 y a los que el gobierno federal destina 70 por ciento del presupuesto para el ramo (más de 15 mil millones de pesos anuales) para pagar a las empresas que brindan los servicios para los centros de detención, cuentan con calificaciones regulares en lo referente a la garantía de condiciones dignas y respeto a los derechos humanos de los internos.
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