A la guerra que Felipe Calderón inició contra las redes del crimen organizado en 2007 se le podría observar, desde la perspectiva actual, a partir de los subtextos que la configuraron. Dos de ellos resultan hoy, en 2019, muy evidentes: a) no la erradicación de estas redes, sino su administración desde la Presiden-cia y b) la supresión violenta del movimiento político y social que trató de impedir su llegada a Los Pinos (ahora un paraje en la ciudad que no alcanza a fijar el simbolismo de una ruptura). La lógica que dominó a esa guerra sui generis y que cifró una extraña forma del estado de excepción –acaso un estado de excepción delirante, donde la Presidencia no hizo más que escabullir sus responsabilidades sumarias– continúa hasta la fecha: la militarización de los más disímbolos ámbitos de la vida pública del país. En 2012, los saldos de esta política ya eran patentes. Junto al Ejército, se potenció un nuevo poder militar: la Marina. Y lejos de erradicar los circuitos criminales, ambos cuerpos militares entretejieron sus intereses con ellos hasta conformar una auténtica economía criminal. Es decir, nunca se trató de una estrategia de pacificación, sino de una técnica de control político y social.
de La Jornada: Política http://bit.ly/2ZUJ5TJ
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